Black is black
por María Jesús Hernández Elvira
EXPANSIÓN

Ayer conocimos la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la condena por delito continuado de apropiación indebida, entre otros, al que fuera vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, además de director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato. Ello tiene como directa consecuencia el ingreso en prisión del exministro –en cuanto se dé inicio a la ejecución de condena– que, tratándose de sentencia firme, será más pronto que tarde.

La defensa de Rato basó su recurso, entre otros, en tres cuestiones. Primero, la ausencia de reconocimiento –en los hechos probados– de la devolución de las cantidades de las que se había apropiado mediante la utilización de las conocidas como tarjetas black, emitidas fuera del círculo regular antes del inicio de la investigación judicial (lo que podría conllevar la aplicación de una atenuante). En segundo lugar, el error de prohibición alegado por el Rato. Y tercero, la invalidez de la prueba en la que se fundaba la sentencia, ya que la acusación se basó en un informe de auditoría interna de Bankia y en un Excel que contenía el listado de gastos efectuados con las citadas tarjetas.

Según alegaba la defensa, esos datos eran íntimos y personales, y fueron extraídos, tratados y divulgados por Bankia sin consentimiento de sus titulares y sin autorización judicial, y además lo fueron con la finalidad de obtener elementos probatorios.

Ante dicha alegación, el Supremo deja sentado que el derecho a la intimidad personal –que ampara la Ley de Protección de Datos respecto al tratamiento de los mismos– no despliega sus efectos cuando estamos hablando de cuentas que ni eran personales, ni tenían apoyo legal, y además, estaban al margen del circuito regular de la entidad. Recordemos que se trataba de gastos que tenían ciertos directivos y el propio presidente de la entidad, y ello sin reflejo alguno ni en sus contratos, ni en los estatutos, ni en los informes anuales de la Comisión de Retribuciones, y de los que no se llevaba control alguno en ningún sentido. Entiende la Sala que las cantidades de las que se apropiaron –cada uno en distinta cuantía y de las que tenían que llevar su particular contabilidad– no tenían cobertura legal alguna, al contrario, les estaban vetadas.

La sentencia es un tanto dura con el exministro –comprensible si partimos de que al igual que la mujer del César, un exministro y exvicepresidente del Gobierno no sólo debe ser bueno sino también parecerlo– por cuanto aclara que fue él quien mantuvo en interés propio un sistema pervertido desde su origen allá –por el año 1988– del que fue debidamente informado cuando llegó a la entidad, y además recalca que dada su experiencia, responsabilidades y preparación para el cargo, no podía ignorar las limitaciones retributivas que tenía, ni el hecho de que lo que hacía estaba al margen de la ley. Lo cierto es que es cuando menos llamativo que el que fuera ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno de España alegue –y sobre todo pretenda que sea creíble– que actuó de buena fe y en la ignorancia de la ilegalidad de lo que estaba cometiendo. De ser así, ¡que Dios nos libre de lo que nos viene! El problema del que adolece una parte de nuestros políticos, mandatarios y en definitiva cualquiera que ostente un cargo de más o menos relevancia, es que se crecen creyéndose amparados permanentemente bajo una impunidad que no les resulta de aplicación.

Respecto a la condena, el Supremo ratifica en su integridad la de Rato pese a que antes del juicio oral –que no antes del inicio de las investigaciones judiciales, como afirmó su defensa– devolvió la totalidad de las cantidades de las que había dispuesto por considerar que fue él quien autorizó otras tarjetas de las que igualmente se dispusieron cantidades de entidad, y que el pago realizado no era relevante en relación con la importancia del daño causado.

Por tanto, parece que, pese a que muchos les pese y aunque tarde, el sistema judicial en ocasiones funciona.

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