Democracia o ‘demos-gracias’
por María Jesús Hernández Elvira

CRÓNICA GLOBAL

La agitada sensación que se percibe en Cataluña es palpable a simple vista, ya sea porque hables con un compañero, con unos amigos o simplemente porque te sientas orgulloso de ser español y lo evidencies. Nos despertamos desde hace meses con la propaganda publicitaria de “Volem democràcia, ¡democràcia!”, hecho con el que cualquiera está más que de acuerdo, sino fuera porque la democracia de algunos no abarca la de los que discrepamos de ellos. “Ellos” son los que quieren terminar con el Estado español a cualquier precio. Ya lo decía Kissinger, “lo ilegal lo hacemos inmediatamente, lo inconstitucional lleva un poco más de tiempo”. Y ahí nos encontramos ahora, con un Tribunal Constitucional que ha anulado el referéndum y suspendido una ley de desconexión aprobada saltándose las normas de procedimiento que regula el propio Parlament y obrando de forma opuesta a los informes jurídicos de los propios asesores del Parlament, en cuanto funcionarios competentes, eso sí, con la “democràcia” por delante.

La verdad es que se podría achacar al Gobierno de España que la solución dada a lo que inicialmente era un sentimiento latente no ha sido todo lo mimada que la cuestión merece, y que posiblemente no se soluciona solo acudiendo a los tribunales, que evidentemente están para que se cumpla la ley, sino que hay que hacer política. De hecho, todo este proceso nos deja una clara fragmentación de la ciudadanía catalana. Los que “democràticament” consideran que saltarse la legalidad no es delito, y los que nos respetamos y protestamos, cuando procede, por las vías legales con aquello que consideramos nos pueda pertenecer.

Analizando las propuestas –desde mi punto de vista, kafkianas– de quienes defienden el respeto a la “democràcia” convocando un referéndum contrario a la legalidad y a los principios sobre los que se construye la misma, uno concluye que jurídicamente no tiene sustento legal alguno. Es como el chiste en el que se ve al propietario de un inmueble en una comunidad de vecinos que cuelga un cartel diciendo: “Se hace saber que la familia del quinto A hemos realizado un referéndum y hemos decido separarnos de la comunidad y dejar de pagar los recibos, pero seguiremos usando el ascensor y el garaje”.

Pues sí, de chiste, pero a grosso modo es lo que se pretende. Se aprueba una ley de transitoriedad en la que, pese a las quejas que promulgan del sistema español, asumen todo su ordenamiento. Ordenamiento que sin embargo incumplen para llegar a la preocupante situación en la que ahora nos encontramos. Ordenamiento que piden a alcaldes, funcionarios y demás personal público que incumplan. Y ello pese a que como autoridades y empleados públicos estos obviamente están sujetos no sólo a la Constitución (artículos 1.2, 2, 81 y 168) sino también a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado su texto refundido por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, debiendo actuar con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho. Funcionarios y empleados públicos que, si bien deben obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de sus superiores, no lo deben hacer cuando las mismas constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. Por tanto, la firma de un acto administrativo que ignore o eluda la suspensión de la Ley acordada estaría contraviniendo al Tribunal Constitucional, en su función de intérprete máximo de la Constitución, lo cual conecta con la Ley de Bases de Régimen Local, conforme a la cual los miembros de las corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo.

La historia es una narración de esfuerzos que fracasaron o aspiraciones que no se realizaron, confío en que impere la razón y no sólo el corazón y demos-gracias por poder seguir preservando y defendiendo la democracia de todos los ciudadanos españoles, en la que impere el diálogo y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.

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