Impuestos o donativos al Partido
por José María Cusí Navarro

EXPANSIÓN

Hay que distinguir entre pagar impuestos y que se nos imponga pagar, pues en absoluto significa lo mismo.

En el desgraciado esperpento que estamos viviendo en Cataluña a raíz del gustillo que los que la gobiernan –si este verbo es predicable de lo que hacen− le han cogido a actuar sin amparo legal, por no decir contra legem, nos encontramos con que de alguna forma hay que financiar tanto autobombo (esteladas por doquier regaladas a los fanáticos incondicionales y que presiden hoy plazas y rotondas en sustitución de la olvidada senyera, cartelitos del “Sí”, “embajadas”, etc.) y dado que con los tributos que está legalmente facultada a recaudar la Generalitat de Cataluña no es suficiente –lógico, por otra parte, cuando una comunidad se endeuda en demasía−, la decisión “democrática” de los antisistema (es decir, no sólo la CUP, que es quien manda de facto, sino quienes la siguen a pies juntillas, esto es ERC y PDeCAT) ha sido imponer el pago de cualquier tributo en Cataluña a la Agencia Tributaria Catalana.

Es por todos conocido que cualquier Estado sustenta el bienestar de sus ciudadanos en la percepción de unos tributos (concepto que incluye impuestos, tasas y contribuciones especiales) que cobrados periódicamente permiten mantener y mejorar las infraestructuras, así como prestar servicios públicos. De conformidad con el marco jurídico obrante en la actualidad –Ley 22/2009 de Financiación de las Comunidades Autónomas− Cataluña, a nivel de recursos tributarios, “sólo” cuenta con la totalidad de los tributos propios –que son muchos pues ocurrencia para crearlos no falta (v.g. impuesto sobre activos no productivos, impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas, impuesto sobre inmuebles vacíos, etc.)– así como con la parte correspondiente de los tributos cedidos (v.g. la totalidad de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, la cuota líquida autonómica del IRPF, el 50% de los pagos a cuenta, etcétera).

Nuestro Código Civil prevé en su artículo 1162 que “el pago deberá hacerse a la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación o a otra autorizada para recibirla en su nombre”. Y nuestro Reglamento General de Recaudaciones prevé en su artículo 33.3 que “los pagos realizados a órganos no competentes para recibirlos o a personas no autorizadas para ello no liberarán al deudor de su obligación de pago, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden en que incurra el perceptor que admita indebidamente el pago”, criterio que corrobora el Tribunal Económico Administrativo Central en su resolución de 27 de junio de 2007.

Por consiguiente, los sufridos (por tener la mayor presión fiscal de España) contribuyentes catalanes deben saber que si pagan impuestos a la Agencia Tributaria catalana cuando no esté legalmente autorizada a exigirlos y cobrarlos –ilegalidad de exigencia y cobro que está claro no será óbice para reivindicar por quienes gobiernan actualmente Cataluña− no extinguirán la obligación de pago de la deuda tributaria si el cobro de ésta compete al Estado español. Lo que estarán haciendo es financiar subliminalmente a los anarquistas gobernantes mencionados vía una suerte de donación que además no dará derecho a la deducción por donativos, exponiéndose por tanto a tener que pagar dos veces por el mismo concepto, una por imposición legal y la otra por imposición ideológica. Y como sarna con gusto no pica, si alguien quiere pagar dos veces por lo mismo, allá ella o él con su dinero, pues yo tengo muy claro cómo proceder no sólo coherentemente, sino también legalmente.

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