Inevitable medida cautelar
por María Jesús Hernández Elvira
EXPANSIÓN

Las medidas cautelares en derecho penal están previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para asegurar el correcto desarrollo del procedimiento, así como la presencia del investigado o acusado -dependiendo del caso- ante el Juez o Tribunal que proceda. Para que se adopte una medida cautelar deben darse dos premisas fundamentales:

1. Que la solicite el Ministerio Fiscal y/o la acusación particular, es decir, alguna de las partes que mantenga una posición acusatoria dentro del proceso.

2. Que exista riesgo de fuga o alguna circunstancia – como, por ejemplo,  la destrucción de pruebas o el riesgo de reiteración delictiva – que pueda poner en peligro o frustrar el desarrollo del proceso penal. Entre las medidas cautelares más comúnmente aplicadas se encuentran la citación, la detención, la obligación de comparecencia apud acta -es decir acudiendo al Juzgado a “fichar” tantas veces al mes como el Juez ordene- la retirada del pasaporte y la prisión provisional. Pues bien, el expresident Puigdemont se está ganando” a pulso”que el Ministerio Fiscal solicite y el Juez instructor acuerde la medida cautelar de prisión provisional.Todos sabemos que lo que está ocurriendo en Cataluña es un esperpento surrealista, pero, además, desde mi punto de vista, excede los limites de lo imaginable pues como jurista con más de 25 años de experiencia jamás había visto tal cúmulo de despropósitos. La aprobación de una Ley de Referéndum y de una Ley de Transitoriedad declaradas nulas por el Tribunal Constitucional. La convocatoria de una referéndum sin observación de las mínimas garantías -aunque a estas alturas de partido, al menos yo, me conformaría con que la votación hubiera discurrido con objetividad y transparencia-. La proclamación de una Independencia suspendida acto seguido. El levantamiento de esa suspensión y la proclamación de una “República” sin tener en cuenta el sentir y el pensar de todo el pueblo de Cataluña. El uso de una autoridad de la que carecen, porque no se puede proclamar la creación de un nuevo Estado con simplemente  el apoyo de un porcentaje de la sociedad catalana, importante, sí, pero en absoluto mayoritario y a las manifestaciones del 8 y 29 de octubre me remito. Y ahora el viaje a Bélgica -corazón de las instituciones europeas que defienden el Estado de Derecho en toda la Unión Europea, la legalidad y los valores constitucionales- para solicitar “acogida” por entender que desde allí pueden garantizar mejor “sus derechos”. Es decir, intentar dar esquinazo en toda regla, una vez más, al sistema legal y tratar de huir de su responsabilidad. Pensábamos inicialmente que había acudido en busca de asilo político, y ahora no sale con que busca”garantías” -esas que no da a todos los catalanes y menos aún al pueblo español- para terminar con la perla, de que no volverá “por el momento a España”.

Gravedad de los hechos

Ante esta situación, y de la lectura de la querella presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, observamos cómo fundadamente pone énfasis en la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, dado que éstos son motivos que le serán de utilidad para pedir medidas cautelares. Y tan es así, que la gravedad de la misma, ha llevado a la juez Lamela a proceder sin demora a su admisión a trámite y ha citado al expresident y al Govern a finales de esta misma semana.

Todo parece indicar que el ex president -si cumple su palabra- no se presentará. Eso dará lugar al dictado inmediato de una orden de detención europea que implicará que la policía belga deba proceder a la localización y detención de Puigdemont, entre otros. Una vez esto suceda, es de imaginar que su letrado se oponga a la extradición o entrega, oposición que en breves plazos deben resolver los tribunales belgas. Una vez que tengamos a Puigdemont en nuestro país acompañado de la autoridades Belgas será oído en declaración, tras la cual, es previsible que el Ministerio Fiscal pida prisión provisional, y ésta se acuerde. Pero podemos entrar en un segundo escenario, que viniendo de donde viene, no es descartable, que venga voluntariamente. En este caso, pese a la gravedad de los hechos, sabido es que ésta no es per se suficiente para adoptar la medida cautelar de prisión provisional, pero el hecho de que el expresident tenga tan marcada vocación y a la vez tanta facilidad para salir del país, unido a la penalidad de los delitos por los que ha sido llamado para prestar declaración, inducen a pensar que si regresara a su “república”, igualmente se acordaría la medida cautelar de prisión provisional. Es decir, sea como fuere, el expresident, se encuentra, en todos los sentidos, en un callejón sin salida.

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