Inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de abogado y condena a un Abogado por asesorar y cooperar con un cliente británico para ocultar inversiones ilícitas y eludir el pago de impuestos en España

El pasado 21 de diciembre de 2016, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó la Sentencia núm. 970/2016, por la que se confirmaba la condena al Abogado A.F.V. de un bufete de Mallorca como (i) cooperador necesario de un delito contra la Hacienda Pública en su modalidad agravada del artículo 305 bis 1.c del Código Penal (esto es, por haber empleado personas físicas o jurídicas interpuestas) y como (ii) autor de un delito de blanqueo de capitales.

En concreto, la conducta del Abogado condenado no consistió en un mero asesoramiento a su cliente (también condenado), sino que el Abogado le proporcionó, además, los medios necesarios para ocultar el origen ilícito de los fondos empleados en inversiones inmobiliarias en España y para facilitar la elusión de impuestos.

Para ello, el Abogado llegó incluso a constituir la sociedad B.B., S.L. para la compra de un bien inmueble en interés de su cliente, con la particularidad de que el capital de dicha sociedad provenía de dos (2) entidades de Panamá representadas en España por el Abogado A.F.V. y por su secretaria, cuyo capital provenía de una cuenta bancaria de clientes del Bufete en la que no constaban referenciadas las identidades de las personas que realizaban los ingresos, sino que únicamente constaban códigos numéricos, lo que dificultaba enormemente poder conocer la procedencia de los fondos.

Tanto el Tribunal Supremo como la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca coinciden al afirmar que la conducta del Abogado fue una conducta dolosa por cuanto era claro conocedor del origen ilícito del dinero de su cliente y, aun así, le facilitó todos los medios necesarios para ocultar y encubrir dicho origen delictivo. En este sentido, El Tribunal Supremo concluye que los conocimientos jurídicos del Abogado le llevaron indudablemente a representarse que la voluntad de su cliente de ocultar su inversión solo podía responder a tres (3) posibilidades (en concreto: “eludir el cumplimiento de alguna obligación de pago que pudiera tener, buscar la opacidad de los beneficios que obtuviera con sus inversiones u ocultar la naturaleza delictiva del dinero con el que se abordan las inversiones”) y, pese a todo, le asesoró en la inversión y conversión de sus fondos.

Finalmente, señalar que, como ocurre en el presente supuesto, a pesar de que el delito contra la Hacienda Pública es un delito especial propio del que únicamente podrá ser considerado autor el obligado tributario, el Abogado o Asesor podrá ser condenado como cooperador necesario en virtud del principio de accesoriedad cuando la conducta del obligado tributario sea considerada típica y antijurídica -y ello a pesar de que no concurran en él las cualidades y características que debe cumplir el sujeto activo del delito-. Incluso, existen resoluciones en las que se condena al Abogado o Asesor del obligado tributario aunque este último haya sido absuelto, por entender los tribunales que, si bien el presupuesto de la antijuridicidad objetiva del obligado tributario se cumple, no puede condenársele al faltar el elemento de la culpabilidad (entre muchas otras, Sentencia del Tribunal Supremo núm. 606/2010, de 25 de junio).

 

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