La Comisión Europea refuerza su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

El pasado 5 de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la ya conocida como la “Cuarta Directiva”, aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. La citada Directiva ha gozado de un periodo de transición de dos (2) años, periodo en el que los Estados miembros debían proceder a su transposición. Pasado el referido ínterin, esto es, el 26 de junio de 2017, la tregua se ha visto finalizada, debiendo comunicar los Estados miembros a la Comisión Europea los mecanismos legales que han sido aprobados para su efectiva transposición.

En la Exposición de Motivos de la “Cuarta Directiva” se pone de manifiesto que la erradicación del blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el crimen organizado continúan tratándose de una tarea pendiente que detenta la Unión Europea, y se hace especial hincapié en la facilidad de comisión de este tipo de conductas delictivas por la existencia de un espacio financiero europeo integrado, siendo necesario el establecimiento de medidas de coordinación entre los diferentes Estados miembros para su persecución.

En este sentido, la Directiva en cuestión, entre otros aspectos, (i) refuerza la obligación impuesta a diversos profesionales de realizar una evaluación de riesgos de sus clientes; (ii) establece los requisitos de transparencia que deben cumplir las empresas sobre su titularidad real; (iii) fomenta la cooperación y el intercambio de información entre los Estados miembros; (iv) establece como sujeto obligado a las personas que negocien con bienes y efectúen o reciban pagos en efectivo por importe igual o superior a diez mil euros (10.000.-€) -antes quince mil euros (15.000.-€)-, así como a las agencias de alquiler; (v) refuerza las facultades sancionadoras de las autoridades competentes; y, (vi) establece que las diferencias entre las definiciones de delito fiscal en las legislaciones nacionales no serán óbice para que las Unidades de Inteligencia Financiera  puedan intercambiar información.

Todo ello indica que debería haberse aprobado en España, de forma previa al día 26 de junio de 2017, una modificación de la actual legislación vigente en la materia -esto es, de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como del Reglamento que la desarrolla- para dar cumplimiento a las disposiciones introducidas en la Cuarta Directiva, aun no debiéndose tratar de una modificación sustancial, hecho que no ha acontecido a día de hoy.

Por último, señalar que la Comisión Europea publicó ese mismo día, el 26 de junio, en aplicación del artículo 6 de la Cuarta Directiva, un Informe en el que se determinan, analizan y evalúan (i) los ámbitos del mercado interior que están expuestos al mayor riesgo; (ii) los riesgos asociados a cada uno de los sectores pertinentes; y, (iii) los medios más habitualmente utilizados por los delincuentes para blanquear el producto de actividades ilícitas.

En esta línea, señalar que el referido Informe no tiene otra finalidad que ayudar a los Estados miembros y a las entidades obligadas a detectar, comprender, gestionar y atenuar los riesgos de comisión de este tipo de conductas delictivas.

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