‘Procés’: Gobierno juez y parte
por María Jesús Hernández Elvira
EXPANSIÓN

El Tribunal Supremo ha ratificado el auto de apertura de juicio oral contra 18 de los principales líderes del procés, como era de esperar, afirmación que hago por propio convencimiento de lo que conozco de los hechos que se enjuician. Lo cierto es que hace semanas que se hacen quinielas con la calificación que van a realizar: por un lado, el Ministerio Público y por otro, la abogacía del Estado, siendo evidente la presión que se está ejerciendo por parte del Gobierno al respecto –pese a reiterar que no cuestionan las decisiones judiciales, pero lo cierto es que desgraciadamente no es así–.

Hoy escuchaba a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, justificando las manifestaciones que había hecho hace unos días sobre la conveniencia de que los políticos presos vieran modificada su situación de prisión provisional, porque el presunto retraso en la iniciación del juicio oral lo hacía conveniente y fijaba el 2 de noviembre como fecha en la que se conocerán los escritos de acusación, poniendo de manifiesto que tenía información de la que las partes del proceso no disponían. Según la vicepresidenta, debía alzarse la medida cautelar de prisión provisional teniendo en cuenta la fecha de previsible inicio del juicio –enero de 2019– y afirmaba que es lo que defendería en cualquier otro caso similar. Permítanme que lo dude, porque puedo afirmar categóricamente que hay presos preventivos que lo están hasta el máximo permitido por delitos mucho menos graves, atendiendo a la pena que es susceptible de ser impuesta y no he oído jamás una declaración en similares términos a miembro alguno del gobierno, ni tan siquiera a la vicepresidenta atendida su calidad de jurista.

Pero es que en este caso resulta curiosa, cuando menos, la manifestación de la vicepresidenta, teniendo en cuenta que una de las causas que sigue justificando la medida cautelar de prisión provisional es el riesgo de fuga. Riesgo que se ha materializado por parte de algunos de los principales responsables que a la fecha se encuentran huidos y de gira por Europa.

REITERACIÓN DELICTIVA

Además del riesgo de reiteración delictiva –que no parece descabellado pensar que pudiera darse– teniendo en cuenta las manifestaciones que el expresident de la Generalitat catalana hace día sí y día también desde Waterloo. Todo ello olvidando que la prisión provisional de los hoy ya procesados, no debe vincularse con el contexto político, por más que el Gobierno haya hecho determinadas promesas.

Lo cierto es que el proceso judicial sigue su ritmo pese a las injerencias del Gobierno, y no sólo al del Estado español, sino también al gobierno de Cataluña, pues el president Torra –que reiteradamente olvida que tiene la responsabilidad de representar a todos los catalanes– se erige abiertamente en favor de 2 de los 7 millones de habitantes de Cataluña, porque éstos fueron los que, según sus cuentas –no ratificadas por sus observadores internacionales–, votaron a favor de la independencia en el “referéndum” del 1 de octubre de 2017 para tildar de injusto el auto del Alto Tribunal.

La posición más cómoda y conveniente para que el Gobierno de España lo siga presidiendo Pedro Sánchez pasa porque la abogacía del Estado califique los hechos como sedición y malversación, o se ciña a lo que hasta el momento venía haciendo, que es calificar los hechos solo por el delito de malversación. Y es que juzgar a un socio de gobierno, no es ejercicio ni cómodo, ni objetivo e imparcial, máxime cuando el voto favorable de dicho socio de gobierno es determinante para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Espero y deseo que la Justicia opere sin presiones y que el sentido de Estado prime sobre la ilusión del PSOE de seguir presidiendo España.

 
 

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