¿Quién paga los daños?
por Javier Delgado Planás

CRÓNICA GLOBAL

En los últimos años la responsabilidad impuesta a los administradores de sociedades de capital ha ido aumentando paulatinamente, todo ello a los efectos de incrementar la protección tanto de los inversores minoritarios como de los trabajadores y terceros que tengan relación con dichas sociedades de capital, alcanzando unos niveles de responsabilidad en base a los que podríamos afirmar que ser administrador es un deporte de riesgo.

La evolución de la responsabilidad de los administradores se ha ido plasmando, entre otras, mediante modificaciones del Código Penal, publicación y modificación de la Ley Concursal y modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital.

Con independencia del signo de cada uno de los partidos, todos los políticos han defendido, con mayor o menor intensidad, la necesidad de exigir mayor responsabilidad de los administradores y ello para dar confianza al mercado y seguridad a los inversores y terceros que tengan relación con las sociedades.

Prueba de dicha amplísima responsabilidad de los administradores la encontramos en el redactado actual del artículo 236.1 de la Ley de Sociedades de Capital que establece que “los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa”.

Los políticos se ha puesto de acuerdo para aumentar la responsabilidad de los administradores de sociedades de capital pero ellos quedan exentos de cualquier responsabilidad de los daños que su actuación puedan causar al país y a los ciudadanos

Si pudiéramos aplicar dicha responsabilidad a los políticos, tendríamos alguna posibilidad de reclamar los daños y perjuicios que, como consecuencia del proceso secesionista, estamos sufriendo y sufriremos en el futuro todos los administrados tales como huida de capitales, deslocalización masiva de sociedades, caída de la economía materializada en paralización de inversiones, anulación de reservas… y, lo más grave, la fuga de capital humano de alto valor añadido.

Pero a pesar de que los políticos son los administradores del país, y por tanto los máximos responsables de su correcta gestión, en un claro y flagrante supuesto de trato discriminatorio frente a los administradores sociales, el régimen de responsabilidad de los políticos no alcanza las mismas cotas de responsabilidad que la de los administradores de sociedades, no estando prevista la responsabilidad por daños como los indicados.

Me resulta realmente vergonzoso que prácticamente lo único para lo que los políticos hayan sido capaces de ponerse de acuerdo de forma unánime haya sido para aumentar la responsabilidad de los administradores de sociedades de capital y, al mismo tiempo, quedar ellos exentos de cualquier responsabilidad de los daños que su actuación como políticos puedan causar al país y a los ciudadanos del mismo.

Y lo peor de todo es que creo que, si alguna vez se pretendiera sacar adelante una propuesta de modificación de la responsabilidad de los políticos para aumentarla, recibiríamos de todos los partidos la misma respuesta que la diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró le dio al diputado de C’s Toni Cantó cuando éste le recriminó su no asistencia a la cámara: pura y simplemente una butifarra.

O sea, que los daños y perjuicios que se generen por el proceso secesionista los volveremos a pagar los de siempre. Así es fácil montar una fiesta.

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