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EXPANSIÓN 19/10/2018

Black is black

María Jesús Hernández Elvira

CRÓNICA GLOBAL 09/03/2018

El bufete español CHR Legal destaca en el panorama internacional

CRÓNICA GLOBAL 23/10/2017

¿Quién paga los daños?

Javier Delgado Planás

CRÓNICA GLOBAL 07/08/2017

¿Tiene Ronaldo un problema fiscal?

José María Cusí Navarro

CRÓNICA GLOBAL 19/07/2017

Banco Popular, ¿acción de fidelización o juego de trileros?

Javier Delgado Planás

15/07/2017

La Comisión Europea refuerza su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

11/07/2017

ZEC: A GREAT TRADING REGIME

CRÓNICA GLOBAL 08/07/2017

Regularización fiscal voluntaria: un paso adelante

José María Cusí Navarro

CRÓNICAL GLOBAL 02/06/2017

La mujer del César

José María Cusí Navarro

30/05/2017

CHR Legal ha sido incluido en el ranking español semanal de TTR

CRÓNICA GLOBAL 19/05/2017

Plusvalía municipal: la punta del iceberg 

José María Cusí Navarro 

14/02/2017

Fin de la suspensión del “derecho de separación del socio” en caso de falta de distribución de dividendos

13/02/2017

Inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de abogado y condena a un Abogado por asesorar y cooperar con un cliente británico para ocultar inversiones ilícitas y eludir el pago de impuestos en España

19/01/2017

Nulidad de cláusulas suelo: también para profesionales y empresas

10/01/2017

CHR Legal ha sido incluido en la 9ª Edición de The Best Lawyers in Spain

21/12/2016

¿Se puede atribuir responsabilidad penal al Compliance Officer?

26/09/2016

La Socia Directora del Área Penal de CHR Legal es ponente en la jornada “La gestión eficiente de los recursos en el sector del agua” que se celebra en Sevilla el 28 de septiembre.

30/08/2016

CHR Legal asesores de la alianza empresarial sellada entre EL ESPAÑOL y Crónica Global

26/04/2016

CHR Legal destacado por Chambers

CRÓNICA GLOBAL 20/04/2016

CHR Legal amplía sus servicios y se refuerza

EXPANSIÓN 09/04/2016

¿Es ilegal la inversión “offshore”?

07/04/2016

Primer café-coloquio: Ser administrador es un deporte de riesgo

10/01/2016

Resolución vinculante de la DGT. Fiscalidad

CRÓNICA GLOBAL 19/05/2017

Plusvalía municipal: la punta del iceberg 

José María Cusí Navarro 

Esta semana se ha hecho pública la decisión del Tribunal Constitucional por la que, abundando ya en lo dicho antes en Álava y Guipúzcoa, considera que el impuesto comúnmente conocido como plusvalía municipal (en puridad técnica Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana) no procede cuando la transmisión de un inmueble se ha hecho a pérdida. Y es que tanto el citado apodo como el nombre técnico se autodefinen, pues plusvalía alude a más valor, y no ha lugar a impuesto sobre el incremento del valor cuando dicho incremento no se produce.

Con este pronunciamiento se corrigen una vez más los ilegales abusos de la administración, también la municipal, frente al contribuyente, quien instando una solicitud de devolución de ingresos indebidos puede solicitar el reembolso de dicho impuesto más los intereses de demora que procedan. Sucede así siempre y cuando no opere la prescripción tributaria que, por mandato del artículo 67 de la Ley 58/2003 general tributaria, son cuatro años desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse o en que se realizó el ingreso indebido.

Además, este pronunciamiento del Tribunal Constitucional debería ser la punta del iceberg, pues por el mismo razonamiento deberían revisarse a la baja los valores catastrales que son la base de otro impuesto municipal: el Impuesto sobre bienes inmuebles. Y es que los valores catastrales ascendieron desorbitadamente con la fiebre inmobiliaria pero, cuando estalló la burbuja y los inmuebles se llegaron a vender con grandes porcentajes de descuento respecto a los precios alcanzados, los valores catastrales se mantuvieron e incluso siguieron subiendo. De hecho, en las ponencias (revisiones) de valores de la Dirección General del Catastro se tuvo bien en cuenta la subida pero se omitió deliberadamente la caída posterior del valor del parque inmobiliario español.

Este pronunciamiento del Tribunal Constitucional debería ser la punta del iceberg, pues por el mismo razonamiento deberían revisarse a la baja los valores catastrales que son la base de otro impuesto municipal: el Impuesto sobre bienes inmuebles

Si los valores catastrales se hubiesen adaptado a la baja al caer el valor de los inmuebles, hubiera sido menos oneroso para el comprador el coste del impuesto autonómico sobre transmisiones patrimoniales, pues constituye actividad prioritaria de la inspección toda escritura de transmisión de inmuebles por debajo de ciertos múltiplos (varían según la localidad) de dicho valor catastral. Y en consecuencia también sería menor el impacto en el IRPF del vendedor, salvo transmisión de vivienda habitual con reinversión o por mayores de 65 años, y menor el impacto potencial de éste en los impuestos tanto sobre el patrimonio como sobre sucesiones. De modo que esa injusta actitud de la Dirección General del Catastro ha derivado en un cúmulo de costes para muchas personas.

Es impresentable que con el nivel de corrupción que tenemos en este país en las administraciones (estatal, autonómica y municipal), y por toda la geografía española, osen apropiarse indebidamente del peculio de los contribuyentes, pues, sin esperar cierta indulgencia para compensar que tanto político sin escrúpulos se llene los bolsillos a manos llenas, como mínimo cabría esperar un sistema tributario acorde a los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad que en teoría rigen nuestros tributos. Sin embargo, lamentablemente son cada vez más los casos en los que observamos que dichos principios brillan por su ausencia, y, lo que es peor, la administración sólo rectifica cuando los tribunales en los que no llegan a influir, que a Dios gracias aún quedan, así lo imponen.

Larga vida a los magistrados y jueces objetivos e imparciales pues aportan oxígeno y esperanza ante el atropello de derechos y la voracidad recaudadora que sufrimos los ciudadanos y desde esta tribuna animo a los debidamente legitimados a instar las oportunas reclamaciones en tiempo y forma, pues estén seguros que de oficio no llegarán las devoluciones.

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