Lo cierto es que el programa Barcelona, ciudad refugio de la alcaldesa Ada Colau ha dado lugar a un alud de peticiones de asilo, nada más y nada menos que 7.400 personas –según datos del propio ente–, disparándose los datos respecto a 2014 un 69% más. Por tanto, y en el periodo que la alcaldesa lleva en el cargo –2015 a 2019– los datos se han multiplicado por casi diez.
El presunto asesino del hombre que fue apuñalado el 2 de agosto en el Raval, que se entregó a las autoridades tras trece días desaparecido, era un inmigrante tunecino. El apuñalamiento de dos personas sin techo que dormían en la calle ocurrido el 9 de agosto fue presuntamente cometido por un albanés. El otro apuñalamiento que tuvo lugar el 11 de agosto en el barrio de la Mina estaba relacionado con el tráfico de drogas. El 12 de agosto se produjo el asesinato de una mujer de nacionalidad sueca que fue hallada desnuda de cintura para abajo, presuntamente vinculada a la prostitución. El 13 de agosto tuvieron lugar dos apuñalamientos, uno de ellos entre dos hombres de origen africano que no tenían ni techo ni papeles. Y comenzamos el mes de septiembre con los mismos alarmantes y más que preocupantes datos, tras el fallecimiento de la joven de 26 años en el Puerto Olímpico cuando se opuso a que le sustrajeran su móvil.
Evidentemente, se cometen delitos por parte de blancos, negros, y por españoles, además de por extranjeros, por lo que no es una cuestión de raza o nacionalidad, sino de falta de control poblacional y de insuficiencia de efectivos. Efectivos que se han tenido que trasladar a proteger las puertas de los juzgados por las protestas que se producían por la situación de prisión provisional en la que se encuentran ciertos políticos catalanes. Efectivos insuficientes porque se destinan más medios a embajadas catalanas que a nutrir el cuerpo de Mossos de Esquadra. La inseguridad crece en una ciudad en la que a la inactividad política se une el hecho que las políticas migratorias que se aplican por el consistorio son las que son y muchos inmigrantes no legalizados llevan muchos años en la misma situación de exclusión, lo que deriva al final en un aumento de la delincuencia. Pero no sólo es un problema de la inmigración ilegal, es un problema en que concurren otros factores, en el que lo que sí es determinante es la presencia policial, que, si está entretenida vigilando que no se quiten lazos amarillos, no puede hacerse visible en determinadas zonas en las que su presencia es imprescindible.
JUSTICIA LENTA
Unido a ello, la Administración de Justicia no avanza por falta de medios y los retrasos en los juzgados son cada vez mayores. Tenemos una legislación que permite imponer determinadas medidas cautelares, pero éstas, por sí solas, no son suficientes para parar la ola de homicidios. El endurecimiento del Código Penal por el que están apostando algunos es un comodín del que siempre se tira cuando la alarma social está en plena ebullición, y cuidado que las decisiones en caliente nunca son buenas. Antes, y sin perjuicio de una necesaria reforma de nuestro Código Penal, lo que debemos valorar son las consecuencias de vendernos como paraíso de simpapeles y refugiados, algunos de los cuales arrastran dramas humanos que debemos ayudar a superar, pero muchos otros salen adelante a base de hurtos, robos, lesiones y homicidios y a dicha política de laxitud en el control de la inmigración se une que faltan cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado porque se destinan recursos a cosas estériles que no ayudan a una convivencia más pacífica en Barcelona.
La situación clama al cielo un cambio de 180º. Esperemos que la alcaldesa Colau no precise muchos más muertos para seguir escudándose en que no pasa nada y que sólo hay una campaña de alarmismo injustificado de la inseguridad en Barcelona y se ponga a asumir su responsabilidad, pues su nómina no la pagan los delincuentes, sino los ciudadanos que estamos ya, además de muy preocupados, hartos de esta situación.
